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18 de abril de 2024

NOTA DE PRENSA N° 12

INSEGURIDAD ALIMENTARIA Y AGRAVAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA (SAF)

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Un déficit crónico que padecen los servicios sociales en Cuba tiene que ver con el monitoreo y evaluación profesional de la calidad de la oferta y la satisfacción de sus usuarios. Frente al incremento de la inseguridad alimentaria en Cuba, acceder a datos o informes evaluativos sobre el estado de los servicios de alimentación proporcionados por el Sistema de Ayuda a la Familia (SAF) es misión casi imposible.

Las autoridades han reconocido que, desde el inicio de la Tarea Ordenamiento en 2021, momento en que se produjo un aumento de los precios de estos servicios y una reducción de los subsidios, el número de cubanos beneficiados por el Sistema de Atención a la Familia (SAF) cayó al menos un 22 %[1]. En números absolutos, este porcentaje se traduce en una disminución en el número de censados, pasando de 76.000 a 59.00 beneficiarios en tres años. Dentro de los beneficiarios, las personas mayores constituyen la mayoría de los usuarios inscritos en el servicio. Los jubilados constituían un 47,5 %, los casos sociales”, dentro de los cuales se encuentran las personas mayores que viven solas o cuentan con discapacidades (21,9 %) y los asistenciados del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (15,9 %). 

¿Una crisis nacional con responsabilidad local?

Esta reducción es especialmente preocupante puesto que se produce en un contexto de aumento de la demanda debido al incremento en el número de personas mayores (al cierre del 2022 las personas mayores superaron el 22% de la población total del país), el deterioro del valor de las pensiones en un contexto inflacionario (más del 70 % de los pensionados en Cuba cobraba pensión mínima) y la multiplicación de las necesidades alimenticias debido al desabastecimiento crónico de productos. Sin embargo, en la última reunión gubernamental del año 2023 convocada por el primer ministro para analizar la dinámica demográfica, se atribuyó la responsabilidad fundamental de los problemas de los comedores del SAF a los gobiernos locales.

En un sistema de gestión económica y política altamente centralizado y limitado en sus atribuciones locales, como el caso cubano, responsabilizar a los gobiernos locales de la estabilidad en los suministros es, por lo menos, irresponsable. En el caso concreto de la administración de los SAF, a partir de la implementación del proceso de “eliminación de gratuidades indebidas” y más tarde con la Tarea Ordenamiento se han realizado cambios al modelo de gestión que plantean una encrucijada en la actualidad. La puesta en marcha de un modelo de “autogestión” se hace insostenible frente al alza indiscriminada de precios y la disminución en la provisión estatal. Los administradores de los SAF deben compensar la menor participación del Estado con la compra directa a productores privados y mercados agropecuarios, que operan con la ley de la oferta y la demanda. Esto ha significado una elevación del precio del servicio de alimentación a partir del año 2021 y, en consecuencia, una disminución de los usuarios.

Frente a este dilema, se prometió que aumentaría la asistencia social en los casos de aquellas personas que no tuvieran familias que se hicieran cargo, pero en la práctica ha ocurrido lo contrario. El Instituto Nacional de Asistencia y Seguridad Social (Inass) detalló que en la actualidad 350 472 personas reciben prestaciones monetarias, siendo un 5 % menor a la que en julio de 2022 informaba el propio Inass (por entonces, 369 187 asistenciados). Esta reducción no es atribuible a una disminución de la demanda que, por el contrario, se sabe que ha aumentado. Está relacionada además con la complejidad y demora de los trámites que se deben realizar para solicitar la Asistencia Social. Muchas personas mayores entrevistadas por Cuido60 pasan años sin poder contar con este beneficio, debido a las enormes trabas burocráticas por las que tienen que atravesar. Muchos de ellos, además, solo cuentan con este servicio como principal fuente de alimentación.

Más necesidades, pero menos prestaciones

Desde el monitoreo realizado por Cuido60, hemos intentado visibilizar los impactos de esta crisis sobre las personas mayores y la respuesta insuficiente del Sistema de Atención a la Familia[2]. En la nota de prensa No.3 que publicamos en mayo del 2023 ya advertíamos sobre el encarecimiento y deterioro de los servicios proporcionados por este sistema, impactando especialmente en forma negativa sobre la población mayor de 60 años, que ha visto restringido el acceso y uso de estos servicios por su carestía, falta de transportación, oferta deficitaria y de mala calidad. Por su parte, la prensa independiente ha contribuido también a la denuncia sobre el continuo deterioro de estos servicios[3].

En el monitoreo realizado para esta nota de prensa, hemos consultado a un trabajador social comunitario, que nos proporcionó su visión sobre el funcionamiento actual de los comedores del SAF en la provincia de Cienfuegos. En su testimonio, se confirma el déficit actual de insumos que están recibiendo los comedores para elaborar los almuerzos, además de los persistentes problemas de hurto y robo de los pocos alimentos que llegan por parte tanto del personal, como de las personas responsables de la distribución.

“Mira ahí hay gente que no sería capaz de robarle ni un grano de chícharo a esos viejitos, pero esos son los menos, los de arriba (los jefes) sacan cajas y cajas de pollo, jamonada, aceite, huevos, arroz y lo que sea cuando lo hay. Ahora mismo para serte sincero no hay casi nada que robar, aunque siempre “se pega algo”, lo que está llegando es porquería y muchas veces no hay plato fuerte”. (testimonio trabajador social)

Como resultado, las personas que asisten a dichos comedores, están recibiendo una alimentación deficitaria y de mala calidad, poco variada y con baja presencia de proteínas, frutas y vegetales. El huevo y el pollo se ofrecen ocasionalmente y, en algunas ocasiones, los cárnicos, debido a interrupciones en la cadena de frío, llegan en mal estado.

“En el comedor (nombre omitido por razones de protección de la fuente) llevan dos semanas a base de caldito con plátano, arroz y más nada. Está duro esto, en Reina y la de aquí abajo del pueblo igual. Cuando no tienes que darles no hay nada que puedas hacer, parte el alma... ¿Tu viste las colas que se formaron en el Villuendas? Llégate ahí para que veas. Hay gente vendiendo el almuerzo y comiéndose nada más que un pan, pero ahora ni pan... el otro día hubo carne de res, pero era un pedacito de nada y estaba falta de frío, porque la traen de rechazo de los restaurantes del Estado y de algunas unidades militares”. (testimonio trabajador social)

En la zona del Parque Martí logramos tomar unas imágenes sobre el contenido del menú ofrecido en marzo. Dos personas mayores, que suelen almorzar a la sombra de los árboles, nos facilitaron tomar las fotografías. Pudimos comprobar que el menú es consistente con la información que recibimos de nuestra fuente. En un caso observamos arroz y chícharos y en otro: arroz, tomate y picadillo.

El derecho de las personas mayores a una alimentación digna

Frente a estas irregularidades, déficits y mal servicio no se observan soluciones o respuestas adecuadas del Estado, que ha continuado transfiriendo cada vez más responsabilidades de asistencia social a las familias y el mercado. El caso del cambio de modelo de gestión del SAF y la reducción de subsidios a la alimentación en medio de una gravísima crisis alimentaria es un claro ejemplo de ello. Estas decisiones de política pública generan un impacto negativo sobre los programas sociales, en particular, sobre aquellos destinados a asegurar servicios mínimos de alimentación a personas que, por lo general, no cuentan con otras vías para alimentarse, como es el caso de la gran mayoría de personas mayores que acude a estos servicios. 

“¿Qué alternativa vas a aplicar? Si no hay ni para la gente normal. Se pensó en subirle el precio a las cosas para mejorar un poco, pero los precios que están ya ni los pueden pagar. Veinte pesos en la calle no son nada, pero para ellos sí es dinero. ¿Cómo tú les dices que tienen que pagar cincuenta pesos por un arroz con pollo? Eso no se le dice a nadie...no hay alternativa, es aguantar con lo que hay ahí”.  (testimonio trabajador social)

La seguridad alimentaria es una parte integral del derecho a la alimentación. Este, según estipula la FAO (2001), atraviesa la totalidad de derechos, en tanto su garantía es necesaria para llevar una vida saludable y activa, siendo así un factor esencial para combatir la pobreza y poder garantizar que las personas puedan participar activamente de la vida en sociedad. En su ausencia, se afectan directamente la autonomía y la calidad de vida de las personas mayores, se intensifica el trabajo de cuidados, particularmente para las mujeres, y se vulnera el derecho al autocuidado, especialmente de quienes cuidan en el entorno doméstico familiar. Los cinco principios (independencia, participación, cuidados, autorrealización y dignidad) que constituyen el marco de referencia de protección de los derechos de las personas mayores también son afectados por esta razón.

Es importante recordar que la alimentación es un derecho fundamental que está plenamente reconocido en instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y se ha incluido en el más reciente aprobado Nuevo Código de las Familias en Cuba. Por su parte, la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las personas mayores solicita a los Estados Parte la adopción de todas las medidas necesarias para garantizar a la persona mayor el goce efectivo del derecho a la vida y el derecho a vivir con dignidad en la vejez hasta el fin de sus días, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población. El estado cubano, sin embargo, no es signatario de esta Convención ni ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

El derecho a la alimentación, como todo derecho humano, lleva implícito la dignidad, es decir, alimentarse con dignidad involucra contar con acceso continuo, permanente y libre a los recursos que permitan tanto producir, como adquirir alimentos en cantidades suficientes, que aseguren un buen estado de salud y bienestar al aportar y cubrir los requerimientos nutricionales, sociales y culturales, además de integrarlo a la familia, promoviendo así una vida activa y sana; no sólo la prevención y protección contra el hambre (FAO, 2007). Lo que está ocurriendo en Cuba es una vulneración concatenada de derechos a las personas mayores, partiendo por la vulneración del derecho a la alimentación, pero también a la vida digna, a la salud y la autonomía.

Los recortes prespuestarios y reorientaciones de la política social han ocasionado un estado de inseguridad alimentaria en las personas mayores, que no ha podido ser compensado o aliviado por programas sociales como el SAF. No han existido políticas compensatorias adecuadas y sostenibles para revertir los impactos negativos de las múltiples crisis sobre la alimentación y la salud de las personas mayores en un contexto de incremento de la demanda. La política social, en lugar de haber ampliado y profundizado el presupuesto, programas y mecanismos de protección social, se ha com-portado de manera regresiva, disminuyendo la participación del Estado en la asistencia social. Esto ha tenido una incidencia en la permanencia o agravamiento de enfermedades que guardan estrecha relación con la subalimentación, siendo las más presentes la diabetes, la anemia, la osteoporosis, los problemas de concentración y daños a nivel cerebral.

 

Desde Cuido60 hacemos un llamado urgente al Estado cubano, la comunidad internacional y la sociedad civil a poner atención y remedio a la grave crisis alimentaria que está experimentando la población cubana y que particularmente sufren las personas mayores. Es obligación del gobierno cubano garantizar el derecho a la alimentación, en particular de las poblaciones más vulnerables. Para lograrlo debe diseñar políticas públicas encaminadas a respetar, proteger y facilitar el acceso y disponibilidad de alimentos adecuados y suficientes que permitan su materialización para la población. Este mandato no es posible de cumplir sino se realizan reformas políticas y económicas urgentes que permitan la participación equitativa de todos los actores en la salida a la crisis.

[1] Amado Viera (2024). Sistema de Atención a la Familia (SAF): menos platos sobre la mesa, en OnCuba, 18 de marzo de 2024, disponible en https://oncubanews.com/cuba/sociedad-cuba/sistema-de-atencion-a-la-familia-saf-menos-platos-sobre-la-mesa/  

[2] Ver Notas de Prensa de Cuido60 No. 5, 6, 9 y 10 disponibles en https://www.cuido60.com/notas-de-prensa-1

[3] Natalia López (2024). "No me puedo acercar la cuchara, porque huele mal", denuncian sobre un comedor social en La Habana, Diario 14 y medio, 16 de abril de 2024, disponible en https://www.14ymedio.com/cuba/no-acercar-cuchara-huele-mal_1_1101627.html

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