OBSERVATORIO DE ENVEJECIMIENTO,
CUIDADOS Y DERECHOS

Desde Cuido 60, el Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos, advertimos sobre el impacto de los cambios tarifarios recientemente anunciados en los servicios de comunicaciones por la empresa proveedora de estos servicios en la isla (ETECSA) sobre la calidad de vida de las personas mayores en Cuba. En informe previo de Cuido60 analizamos las barreras de acceso a las nuevas tecnologías de comunicación que enfrentaban las personas mayores en Cuba, previo al anuncio de estas medidas. El deterioro acelerado del valor adquisitivo de las pensiones, la elevada inflación en el país, la dolarización creciente de la economía, y la interconexión de las múltiples crisis que atraviesan la sociedad cubana han llevado la calidad de vida a niveles de sobrevivencia. A ello se le suman el alto costo de las tarifas de internet en el país, así como el precio de los teléfonos inteligentes, que en relación con las exiguas pensiones e ingresos que perciben las personas mayores, limitan considerablemente la conectividad para este grupo. 

​

El informe de Cuido60 alertaba entonces sobre la significativa brecha digital que enfrentan las personas mayores en Cuba provocada, entre otros aspectos, por restricciones de acceso, información, capacitación y edadismo. La brecha aumenta además por la creciente importancia del comercio y pagos electrónicos de todo tipo de servicios en la isla, que no toman en cuenta las realidades económicas, sociales y culturales específicas de la población mayor ni su nivel de alfabetización digital. Son escasos los espacios informativos y educativos que ofrecen cursos o capacitaciones accesibles y adaptadas a las necesidades de la población mayor, que les permitan informarse y actualizarse en el uso de las nuevas tecnologías de la información.

​

El reciente anuncio de las modificaciones en los precios de las recargas, los planes de consumo y los paquetes del servicio móvil, vigente desde el 30 de mayo de 2025, sin un plazo previo de aviso sobre la entrada en vigor de las medidas, representa una agudización de las problemáticas que enfrentan las personas mayores en Cuba. No solo se amplían la brecha digital y las desigualdades sociales, sino que aumenta la exclusión social y las vulneraciones al derecho a la información y la comunicación. Estas medidas, en un contexto de agravamiento de la policrisis existente y de la devaluación persistente de salarios y pensiones, incrementan la vulnerabilidad de ciertos grupos, especialmente de quienes cuentan con recursos muy limitados para obtener información, mantener comunicación con familiares e instituciones, así como sus vínculos sociales.

​

Los cambios en las tarifas, el aumento de precios, los topes del servicio en pesos cubanos, como el procedimiento por el que han sido anunciados, sin aviso previo, son violatorios de derechos fundamentales de la ciudadanía y, en especial, de los grupos con mayor riesgo de vulnerabilidad, como el caso de las personas mayores. El Artículo 14 de la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores, consagra el Derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información, estableciendo que la persona mayor tiene derecho a la libertad de expresión y opinión y al acceso a la información, en igualdad de condiciones con otros sectores de la población y por los medios de su elección. 

​

Por su parte, el Artículo  establece el Derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal de las personas mayores, exigiendo del Estado medidas pertinentes para asegurar el acceso de la persona mayor, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales. Para su garantía, se solicita a los estados que se identifiquen y eliminen los obstáculos y barreras a los servicios de información, comunicaciones y de otro tipo, incluidos los servicios electrónicos y de emergencia. 

​

El análisis de las medidas anunciadas por el gobierno cubano anticipa mayores restricciones y obstáculos en el acceso a estos derechos por parte de las personas mayores. A continuación, describimos algunas de los impactos más significativos.

​

1. Mayores restricciones de accesibilidad: Los cambios introducen la posibilidad de poder realizar una recarga nacional por un valor de 360 CUP, por única vez cada 30 días. Los paquetes de datos extra, como le han llamado, solo podrán ser adquiridos en dólares, una moneda en la que no se reciben ni salarios ni pensiones en la isla. Esto supone que serán las familias emigradas a quienes se transfiere el costo de estos servicios, que una gran mayoría Además de los altos precios fijados en dólares o su equivalente en pesos cubanos, se reduce drásticamente la capacidad para acceder a datos. Esta medida afecta de manera significativa a la gran mayoría de las personas mayores, que vive únicamente de sus pensiones y no reciben remesas u otras ayudas familiares. La mayoría de los pensionados en Cuba perciben ingresos muy bajos, que no alcanzan para cubrir necesidades básicas, mucho menos para costear la telefonía móvil. Como resultado, se dificulta su autonomía económica, así como su participación en la vida social y familiar, limitando su capacidad para contar con información oportuna, realizar trámites y comunicarse de manera fluida y constante, lo cual es fundamental para su inclusión social. 

​

2. Aumento del aislamiento social y la soledad: Para muchas personas mayores, la conexión a internet a través de la telefonía móvil es el principal medio de contacto con sus seres queridos, especialmente en un país con una altísima tasa de migración y donde la movilidad y las visitas físicas son a menudo restringidas por barreras de transporte, inseguridad en la vía pública o fragilidad económica. Las dificultades para acceder a datos suficientes acrecientan el riesgo de perder contacto con familiares o amigos en distintas localidades o en el extranjero, distanciarse o disminuir los vínculos que han establecido a través de redes de apoyo online, en una etapa de la vida en que la conexión digital es una ayuda para la seguridad, el apoyo emocional y la participación social. La desconexión prolongada no solo profundiza su aislamiento emocional, sino que también limita su acceso a información y recursos esenciales, incrementando su vulnerabilidad en diferentes ámbitos de la vida.

​

3. Mayor vulnerabilidad, desprotección y riesgos emocionales: El aumento de la soledad en la vejez ya constituye un problema social grave en Cuba. El aumento de las restricciones en el acceso a servicios básicos de telefonía móvil, puede generar sentimientos de abandono, impotencia y tristeza profunda. Puede aumentar la desconexión de sus redes familiares y comunitarias, disminuyendo la autoestima de las personas mayores y provocando un deterioro en su salud mental. Las crecientes barreras para estar en contacto con quienes les aportan apoyo emocional, puede traducirse en un aumento de síntomas depresivos, ansiedad y sentimientos de desamparo, agravando su situación de vulnerabilidad. Por otra parte, se incrementará la desprotección en la medida en que muchas personas mayores conseguirán menos apoyo y visibilización de sus necesidades y problemas, por el menor acceso a las redes sociales, las cuales se han convertido, prácticamente, en el único canal de comunicación y denuncia de la ciudadanía frente a los múltiples problemas y atropellos del Estado. Las redes sociales han sido un espacio de apoyo y ayuda para la recolección de fondos y la ayuda humanitaria, frente a la ausencia cada vez mayor del Estado.   

​

Desde Cuido 60 hacemos un llamado a las autoridades cubanas a reconsiderar las políticas sociales y económicas que vulneran los derechos de la ciudadanía y en especial de los grupos más vulnerables. Es fundamental que se implementen medidas que aseguren un acceso equitativo y digno a los servicios de comunicación, y que estas políticas tengan en cuenta las realidades económicas y sociales diferenciadas de los cubanos, específicamente de los grupos con mayores niveles de vulnerabilidiad, como las personas mayores. Sin desconocer el carácter estructural y sistémico de la crisis en la sociedad cubana y su gobernanza, abogamos por revertir la actual medida en curso considerando, al menos, los siguientes aspectos:

​

• Ampliar los límites de paquetes de datos y su duración en pesos cubanos: Garantizar que las personas mayores tengan acceso a paquetes mensuales accesibles según el monto de su pensión en pesos, sin restricciones tarifarias y cobros adicionales en dólares, que limiten su participación social y bienestar emocional.

• Implementar tarifas “sociales” o subsidios especiales: Crear tarifas diferenciadas o programas de subsidios específicos para pensionados y personas mayores, que permitan reducir el costo de los servicios y facilitar su consumo regular.

• Facilitar mecanismos de recarga accesibles y flexibles: Establecer puntos de recarga en lugares cercanos y procedimientos simplificados, además de permitir recargas mediante comercio tradicional o plataformas digitales adaptadas a las necesidades de las personas mayores, eliminando barreras tecnológicas y económicas.

• Desarrollar campañas de alfabetización digital y apoyo técnico: Promover programas de capacitación para que las personas mayores puedan acceder y gestionar mejor los servicios digitales y contar con apoyo en recargas y uso de plataformas, fortaleciendo su autonomía y participación.

​​​

El derecho a la información y la comunicación, a mantener el contacto con familiares y comunidades, debe ser una prioridad en una sociedad con envejecimiento demográfico acelerado como la cubana. Desde Cuido 60 estamos comprometidos en defender los derechos de las personas mayores y en promover una vejez digna y participativa.

​

Hacemos un llamado urgente a la acción. Gestionemos, exijamos y luchemos por una política de inclusión social que priorice la dignidad, la igualdad y el bienestar de nuestros mayores. Ellos también tienen derecho a una vida plena y accesible a las nuevas tecnologías de la información.