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La Habana, Cuba. Una denuncia pública difundida por el usuario de Facebook Kevin Beovides Casas, hijo de una mujer adulta mayor de 70 años, ha generado preocupación en redes sociales tras relatar un incidente ocurrido el sábado 27 de junio en La Habana, donde, según el texto, la anciana fue agredida físicamente al reclamar por una conexión ilegal de gas que se intentaba realizar utilizando la dirección de su vivienda sin su consentimiento.
La denuncia sostiene que los hechos comenzaron cuando varios trabajadores iniciaron excavaciones ilegales en el pasillo que separa el edificio donde reside la adulta mayor de un antiguo establecimiento Minimax, hoy ocupado por la MIPYME: DimeYa! De acuerdo con el relato difundido por su hijo, la propietaria descubrió, al preguntar por las obras, que la instalación de gas destinada al negocio pretendía vincularse a la dirección de su vivienda, pese a que nunca había autorizado ese procedimiento.
Según la denuncia:
“El dueño de la MIPYME @dimeyatsl quiere conectar su negocio al gas de la calle. Y no se le ocurrió nada mejor que poner su nombre en la dirección de casa de mi mamá. Parece ser que tiene amigos íntimos en el Poder Popular. Dice que es fiscal militar y ciudadano americano y español. ¿Cómo es posible que un fiscal militar sea ciudadano americano? Quizás por eso el señor se siente imbuido de poder y cree que puede abusar de una anciana que vive sola.”
Al día siguiente, cuando los operarios regresaron para continuar la instalación, la señora volvió a reclamar. De acuerdo con la denuncia, durante esa confrontación fue sujetada con fuerza por un representante del establecimiento, quien la tomó del brazo y le ocasionó una lesión mientras intentaba impedir que permaneciera en el lugar. Posteriormente, la familia difundió fotografías en las que se aprecian lesiones visibles en el antebrazo de la anciana, así como videos de otros momentos del incidente, presentados como evidencia de la denuncia. En la publicación se lee:
“Hoy domingo volvieron los trabajadores. Mi mamá bajó a confrontarlos y el manager estaba allí. Le prohibió la entrada al pasillo, como si él fuera el dueño de todo el mundo. Mi madre protestó y él la cogió por un brazo y la sacudió. Le dejó marcas como se ven en las fotos. ¡Uds. se imaginan atacar a una señora de 70 años!”
Hasta el momento, no consta una respuesta pública del establecimiento sobre los hechos denunciados.
Para el hijo de la afectada, el caso trasciende el conflicto puntual y es representativo de una situación más compleja que demuestra cómo el ciudadano promedio, especialmente el más vulnerable, ha quedado desamparado ante el avance inescrupuloso de los nuevos mipymeros cubanos, aupados por el propio régimen que antaño perseguía la iniciativa privada. A su juicio, refleja una realidad que numerosos ciudadanos denuncian desde hace años: la situación de vulnerabilidad en la que viven muchas personas mayores en Cuba y la percepción de que determinadas personas con acceso a recursos, influencias o vínculos con estructuras de poder, actúan con un amplio margen de impunidad frente a ciudadanos comunes.
Algunos comentarios en redes se solidarizan con la familia afectada:
“Hermano, comparto tu parecer, incluso desde tu visión de emigrado. Honestamente, para cualquier cubano sin privilegios —que somos la mayoría— lo que estamos viviendo pasa de dantesco. El estrés y la incertidumbre se han adueñado de cada segundo de nuestras vidas, tomando en consideración que estamos —literalmente— a la buena de Dios. El total descomprometimiento del Estado con sus ciudadanos es tan inhumano, que sobrevivir se ha convertido en un auténtico y milagroso acto de fe.”
“¡Se pasan los descarados esos! Hay que reportarlos aquí; al militar que es ciudadano, para que lo investiguen. ¡Qué clase de abuso! ¿Cómo la gente puede permitir eso?”
En un país marcado por el acelerado envejecimiento demográfico y por la emigración sostenida de millones de cubanos, un número creciente de personas mayores permanece solo o depende, para cubrir sus necesidades más elementales, de la ayuda enviada por familiares desde el extranjero. A las dificultades para acceder a alimentos, medicamentos, atención médica y servicios básicos se suma una desprotección institucional que puede dejarlas expuestas a abusos, intimidaciones y violaciones de sus derechos.
El caso denunciado revelaría una relación profundamente desigual entre una adulta mayor que intenta defender su vivienda y actores económicos que presuntamente actúan amparados por sus recursos, influencias o vínculos con estructuras de poder. Informes anteriores de Cuido60 han advertido sobre situaciones en las que la soledad, la fragilidad económica y la limitada capacidad de respuesta de las instituciones convierten a los adultos mayores en un blanco especialmente vulnerable frente a personas dispuestas a aprovecharse de su indefensión.
La denuncia también obliga a examinar una cuestión más amplia: quién protege al ciudadano común cuando los intereses económicos se combinan con quienes afirman tener conexiones institucionales. El desarrollo del sector privado, tan necesario para el desarrollo económico de la sociedad cubana, no puede producirse a costa de los derechos, la seguridad o el patrimonio de las personas más vulnerables, ni las relaciones de influencia pueden sustituir el cumplimiento de la ley.
Desde Cuido60 denunciamos la vulneración de los derechos de la persona mayor afectada y nos sumamos al reclamo de la familia para solicitar a las autoridades el esclarecimiento de lo sucedido y la correspondiente compensación por los daños ocasionados. Es imprescindible investigar y dar a conocer cómo se tramitó la presunta conexión de gas, utilizando la dirección de una vivienda ajena. Se debe clarificar si existieron irregularidades administrativas y establecer las responsabilidades correspondientes por las lesiones denunciadas. Una investigación transparente no solo permitiría responder a este caso particular, serviría, además para demostrar si las instituciones cubanas están dispuestas a proteger efectivamente a una persona mayor frente a los abusos del poder de actores privados y de autoridades que puedan estar permitiendo dicha situación.
Fuentes
*Foto por: Liz Megan Sánchez De La Paz, participante concurso 'Mirar la vejez' 2026