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Agosto de 2026
NOTA DE PRENSA N° 39
La traición invisible: combatir, envejecer y ser olvidado
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Agosto de 2026
Por: colaborador de Cuido60 (identidad protegida).
La crisis definitiva que atraviesa Cuba ha generado un escenario persistente de vulneración de derechos humanos que afecta de manera particularmente grave a las personas mayores por muchas razones. No todas son materiales. Entre las múltiples expresiones de esta vulneración, destaca la instrumentalización sistemática de la emotividad, la memoria histórica y la lealtad política de este grupo poblacional como mecanismo de autopreservación del modelo ideológico implantado desde 1959 en Cuba. Este fenómeno no ocurre de manera colateral al colapso socioeconómico, sino como una práctica funcional que se sostiene sobre décadas de socialización ideológica y que se intensifica en la vejez, cuando la precariedad material, la dependencia institucional y la exclusión informativa limitan severamente la capacidad de autonomía y discernimiento de los individuos.
Desde una perspectiva demográfica, Cuba presenta uno de los procesos de envejecimiento más acelerados de América Latina, con más del 25 % de su población por encima de los 60 años. Este fenómeno coincide con un éxodo masivo de jóvenes en edad laboral, lo que ha producido un vaciamiento poblacional que impacta directamente en la estructura social y política del país. Ante la pérdida progresiva de capacidad de movilización y adhesión entre los sectores jóvenes, el Estado ha desplazado de manera creciente el peso de la legitimación simbólica, la disciplina social y la presencia institucional hacia las personas mayores, convirtiéndolas en un recurso estratégico para la sostenibilidad del sistema.
Este desplazamiento se produce en un contexto de deterioro extremo de las condiciones de vida. Las pensiones resultan insuficientes para cubrir necesidades básicas, el acceso a alimentos y medicamentos es limitado, los servicios de salud funcionan de manera precaria y los apagones prolongados afectan de forma desproporcionada a personas con enfermedades crónicas o movilidad reducida. A pesar de esta situación, las personas mayores son convocadas recurrentemente a participar en estructuras de control social, organizaciones políticas y funciones ideológicamente sensibles, presentadas como actos voluntarios o patrióticos, pero en la práctica sostenidas por la necesidad material y la presión moral.
Un grupo especialmente afectado por esta dinámica es el de los veteranos de las guerras africanas. Estos individuos fueron enviados a escenarios de violencia extrema durante su juventud, formados bajo una ética de sacrificio absoluto, obediencia y subordinación al proyecto revolucionario. En la actualidad, muchos de ellos envejecen en condiciones de pobreza, sin atención psicológica adecuada para tratar secuelas de trauma, ansiedad o estrés prolongado, y sin políticas públicas que reconozcan de manera efectiva su condición específica. El reconocimiento estatal de su experiencia permanece circunscrito al plano simbólico, sin traducirse en mecanismos de reparación, cuidado integral o garantía de derechos sociales básicos.
Desde el punto de vista jurídico y ético, este abandono no puede reducirse a una mera incapacidad administrativa. La narrativa del internacionalismo fue estructurada de tal forma que quienes la materializaron quedaron subsumidos en una lógica de deber moral permanente, que justificó su utilización instrumental y su posterior desprotección, tratándolos como recursos prescindibles una vez cumplida su función política. La persistente apelación a la memoria del sacrificio, a la culpa histórica y a la identidad revolucionaria de estas generaciones revela un patrón de instrumentalización emocional deliberada.
El Estado activa de manera sistemática fragmentos del relato ideológico que asocian la lealtad política con la dignidad personal, el sentido de vida y la protección mínima, generando un vínculo coercitivo que limita la libertad de conciencia y la autonomía moral de las personas mayores. Esta práctica resulta especialmente grave cuando se ejerce sobre personas que carecen de acceso estable a información alternativa, presentan brechas digitales significativas y dependen materialmente de redes institucionales controladas por el propio Estado.
Este tipo de instrumentalización vulnera principios fundamentales de los derechos humanos. Los derechos a una vejez digna, a la protección social, a la salud física y mental, a la información y a la autonomía personal se ven comprometidos cuando un Estado utiliza la precariedad material y el condicionamiento ideológico previo para asegurar lealtad política en momentos de crisis. Asimismo, se vulnera el principio de consentimiento libre e informado, ya que la participación de las personas mayores en tareas de legitimación o control social se produce en un entorno marcado por la dependencia, el miedo al abandono y la ausencia de alternativas.
Desde una perspectiva ética, resulta particularmente problemático que el régimen se sostenga, en parte, sobre la lealtad de personas que no disponen de las herramientas intelectuales, informativas o materiales necesarias para evaluar críticamente el presente político. La prolongada exposición a un sistema de pensamiento totalitario, iniciada desde la infancia, ha generado marcos cognitivos rígidos que dificultan la revisión de creencias profundamente arraigadas. En la vejez, cuando la capacidad de reconstruir redes sociales y simbólicas alternativas se reduce, estos marcos son reactivados como mecanismos de control, a través de la explotación de la emotividad, el miedo y la dependencia.
En realidad, estamos ante una estrategia de uso de la vulnerabilidad como recurso político, lo cual constituye una forma de violencia estructural. La vejez, en lugar de ser reconocida como una etapa que exige protección reforzada por parte del Estado, es transformada en un espacio de sobreexplotación ideológica, donde la fragilidad física y emocional se convierte en un factor funcional al sostenimiento del poder, en una lógica saturniana que demuestra cuál es la verdadera naturaleza del régimen comunista.
En este sentido, la instrumentalización de las personas mayores en Cuba debe ser comprendida como una violación sistemática de principios éticos que afectan directamente a la persona humana. La dignidad, entendida como valor intrínseco independiente de la utilidad política del individuo, es erosionada cuando el Estado exige lealtad indefinida a cambio de una protección insuficiente. La justicia intergeneracional se ve comprometida cuando quienes entregaron su juventud, su salud y su capacidad productiva al proyecto político son abandonados materialmente en la etapa de mayor vulnerabilidad.
La explotación emocional de una población envejecida, empobrecida y desinformada constituye una estrategia de supervivencia política incompatible con los principios básicos de los derechos humanos y del respeto a la persona humana.
Visibilizar y problematizar este fenómeno resulta imprescindible para comprender la dimensión ética del colapso del modelo político en Cuba y para denunciar una forma de dominación que, lejos de proteger a los más vulnerables, los convierte en instrumentos de su propia perpetuación.
