22 de mayo de 2023
NOTA DE PRENSA N° 4
SOBRE EL AUMENTO DE PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE CALLE EN CUBA
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¿Cómo hacer que cuenten los que no cuentan?
En los últimos meses, hemos visto en Cuba un aumento de noticias que evidencian un incremento de personas mayores viviendo en situación de calle o en precarias condiciones de vida, aún contando con una vivienda. La vida de muchas de estas personas mayores transcurre en la calle, al sol, sin agua, con poca comida al día, realizan sus necesidades en público y duermen donde les sorprenda la noche. A veces piden una limosna, otras veces se sientan en silencio en algún lugar transitado y esperan por un acto de bondad de los transeúntes. Otros venden algún producto para conseguir unos pocos pesos.
Desde Cuido60 hemos estado advirtiendo sobre los costos de la actual crisis estructural para las personas mayores, muchos de los cuales, en medio de la mayor estampida migratoria que ha experimentado el país, se han quedado solos y han caído por debajo del umbral de pobreza. Las personas mayores en situación de calle, los que viven solos, los que no tienen un ingreso regular, los que se desmayan en colas por la falta de alimentación, o aquellos a los que su devaluada pensión no les alcanza ni para los gastos básicos, están viviendo sus últimos años en un calvario de escasez y desesperación.
El caso más reciente ocurrió en la provincia de Holguín, donde un señor mayor se desmayó, probablemente a consecuencia de falta de alimentación y posteriormente perdió la vida a causa de una contusión provocada por la caída. El video donde se podía ver al hombre de avanzada edad tirado en medio de la vía se hizo viral en redes sociales. Durante el rato que estuvo allí expuesto no apareció ninguna ambulancia ni algún profesional o asistente social de la comunidad siendo que, al parecer, era vecino del barrio. Otra mujer mayor que presenció la escena pedía ayuda, a la vez que reclamaba que “el Gobierno no se ocupa de personas así y que solo con una chequera no se puede vivir en Cuba porque todo está muy caro”
Deambulantes: escasez de datos y atención pública insuficiente
Las cifras sobre las personas que se encuentran en “situación de calle” o “sin hogar” no han sido actualizadas desde el Censo de 2012 y habrá que esperar ahora hasta el 2025 para realización de uno nuevo. Según las cifras de 2012, que no informan sobre la distribución de esas personas por provincias, de las 1 108 personas que vivían en las calles, en su gran mayoría hombres, 467 tenían 60 años y más. Sin un conteo y diagnóstico de la situación de estas personas, es bastante difícil imaginar una intervención social oportuna y eficaz en el actual escenario de crisis. En febrero de 2022, las autoridades de prevención social declaraban que no estaban llegando a las comunidades donde se producen los problemas y las situaciones de vulnerabilidad y que se ha producido una disminución del número de trabajadores sociales.
Entonces se advertía sobre la necesidad de mejorar la definición de situación de vulnerabilidad y con ello los perfiles, los instrumentos de la política, una propuesta de financiamiento, además de nuevos actores que pudieran vincularse a la escala local y comunitaria. Sin embargo, las promesas realizadas como resultado de la creación del Observatorio Social y Laboral de Cuba a fines de 2021 siguen pendientes. En el sitio web del observatorio no hay estadísticas ni estudios publicados. Tanto a nivel de la política pública como de la intervención social, continúa predominando una visión del fenómeno conocido en Cuba como “deambulismo” como una “conducta”, por lo tanto, atribuida al individuo y no a su entorno social.
El marco jurídico y de protección hacia estas personas es deficitario y no coherente al enfoque de derechos. En Cuba el tratamiento legal a las personas con conducta deambulante se materializa en el Acuerdo 1456 del 2014 de la Comisión Económica Financiera, la Resolución 207 del 2015 del Fiscal General de la República y la 81 Resolución 921 del 2014 del Ministerio de Economía y Planificación, sin que exista una norma jurídica que de modo expreso regule e integre los derechos y mecanismos de protección a estos sujetos. Existen otras normas jurídicas, que no están referidas directamente a estos sujetos ni ofrecen cobertura total a sus disímiles problemáticas, pero son aplicables, en el ámbito civil, de familia, penal y de seguridad y asistencia social.
La política pública se implementa a través del “Programa de Acción Nacional para la Atención y el Tratamiento a las Personas con Conductas Deambulantes”. Para la intervención y atención directa de esta población, existen los llamados Centros de Protección Social para la Atención a las Personas con Conducta Deambulante, creados con el objetivo de modificar los estilos de vida, mejorar el estado de salud y rehabilitar a las personas con conducta deambulante para su reinserción a la sociedad. El trabajo multisectorial en el nivel comunitario preventivo es insuficiente y el desempeño de estos centros tienen serias limitaciones, además de las materiales. No se regula el seguimiento a los insertados después del egreso, se conciben para estancias temporales sin que se prevean soluciones a largo plazo de alojamiento y alimentación, o alternativas para aquellos que persistan en la conducta deambulante.
En la última evaluación pública de estos Centros de la que se tiene conocimiento se reconoció que solo estaban disponibles en seis provincias del país, con un comportamiento muy diferenciado entre ellas, muchas de las cuales funcionaban sin reglamento. En 2015 se estableció un protocolo de actuación para la admisión, diagnóstico, atención y reinserción social de personas sin hogar en La Habana. Sin embargo, se han reportado innumerables dificultades de gestión y mala atención en los centros habilitados para la atención a dichas personas.
Un llamado a la intervención social oportuna y con enfoque de derechos.
En el escenario actual de crisis económica y migratoria, se avizora un escenario de agravamiento de dicha situación. La crisis alimentaria y de medicamentos, la falta de inversión en las instituciones de cuidados, el déficit de capital humano calificado y personal de asistencia y una larga lista de carencias materiales en todos los niveles pronostican un segundo semestre del año en condiciones críticas para los más vulnerables.
Frente a este escenario, es urgente preguntarse: ¿Qué va a ocurrir con estas personas mayores desatendidos? ¿Cuáles son las estrategias nacionales y locales que se ha planteado el gobierno para atenuar los efectos de la crisis que padecen las personas mayores? ¿Cuándo se dispondrá de un diagnóstico público sobre la cantidad y situación de las personas que están en situación de calle? ¿Qué tipo de políticas y programas acordes con los nuevos enfoques de intervención social serán diseñados e implementados? ¿Con qué recursos humanos contamos para ello?
Son preguntas que hoy no aparecen en el debate público y que son urgentes de realizar. Considérense estas líneas un llamado de alerta al gobierno, la academia y la sociedad civil. Es imperativo prestarle a este tema el mayor interés y exigir respuestas y soluciones oportunas y eficaces a las autoridades del país.
Recordemos nuevamente que el Artículo 12 de la Convención Interamericana Sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores insta a los gobiernos a garantizar que la persona mayor tenga derecho a seguridad alimentaria y nutricional, un sistema integral de cuidados, cobertura de servicios sociales, así como a la protección y promoción de la salud en vistas de poder mantener su independencia y autonomía.
Es urgente que el Estado cubano tome medidas que garanticen, información sobre la realidad de estas personas, planes y programas de intervención social para atenderlos, mecanismos de seguimiento y monitoreo de los casos, así como evaluaciones de las experiencias actualmente en curso. Para ello, es imprescindible dotar de recursos materiales y humanos que hagan posible tal labor. Contar con el auxilio y apoyo de las organizaciones de la sociedad civil que ya empiezan a acumular una significativa experiencia en la atención de los más vulnerables sigue siendo imprescindible, y no solo de aquellas que cuentan con reconocimiento y respaldo oficial. Propiciar y fortalecer el desarrollo de estas organizaciones, facilitará y complementará la obligación y promesa del Estado cubano de “no dejar a nadie desamparado”.
