Marzo de 2026
NOTA DE PRENSA N° 31
Crisis energética, contaminación ambiental doméstica y maltrato institucional hacia personas mayores en Cuba.
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En los últimos años se ha agravado la crisis energética en Cuba, provocando periodos cada vez más prolongados de falta de electricidad en los hogares, con todos los impactos negativos que se derivan de la ausencia del vital servicio. En respuesta al déficit, las familias cubanas han comenzado a instalar en sus domicilios diversos equipos portátiles generadores de electricidad, muchos de ellos funcionan con gasolina, para proveer electricidad al hogar durante los periodos en que el servicio no funciona. Sin embargo, en medio de las múltiples crisis por las que atraviesa la sociedad cubana, las regulaciones y fiscalización en el uso de estos aparatos son prácticamente inexistentes o de débil aplicación.
En consecuencia, los daños a la salud que pueden estar provocando el funcionamiento de estos equipos en las precarias condiciones de habitabilidad en la isla son desconocidos. En esta nota de prensa, mostraremos parte de los conflictos emergentes que está ocasionando el uso de estos equipos, los impactos posibles sobre la salud de los grupos más vulnerables y la desprotección ciudadana frente a los reclamos que los afectados realizan en las instituciones correspondientes, especialmente si estos proceden de personas que disienten políticamente del régimen cubano.
La periodista independiente Yania Suárez, residente en La Habana, denunció públicamente su preocupación por la salud de su madre y sus animales, además de la propia, luego de más de un año de conflictos con vecinos por la instalación de un generador eléctrico a base de hidrocarburos en el garaje del edificio donde reside junto a su madre, una persona adulta mayor que padece de asma. La situación, según su testimonio, ha escalado hasta incluir amenazas de la vecina, conflictos con autoridades y una medida cautelar de reclusión domiciliaria impuesta tras un incidente reciente con la policía. Aclaró que es una situación que califica como grave riesgo sanitario, de seguridad y abuso institucional.
La denuncia fue publicada en redes sociales el 11 de marzo del presente 2026 por la periodista, quien sostiene que el equipo generador fue instalado en un garaje situado directamente debajo de su balcón, lo que provoca la entrada constante de humo y gases tóxicos hacia su vivienda. El principal riesgo señalado es la exposición al monóxido de carbono generado por el equipo, una sustancia altamente peligrosa para la salud humana.
Según relata Suárez, la instalación del grupo electrógeno en ese espacio ha generado una situación de conflicto con la propietaria del equipo y su familia, que ya se extiende por más de un año. El humo producido por el generador penetra en su apartamento a través de aberturas y celosías del garaje, afectando especialmente a su madre, que padece una enfermedad respiratoria crónica.
Falta de claridad en procesos de reclamos e insuficiencia de respuestas institucionales
La exposición al monóxido de carbono y otros gases derivados de motores de combustión interna es ampliamente reconocida por organismos internacionales y agencias nacionales en la mayoría de los países del mundo como un riesgo grave para la salud. Este gas, incoloro e inodoro, puede provocar síntomas que van desde dolores de cabeza y mareos hasta intoxicaciones severas e incluso provocar la muerte en casos de exposición prolongada. Por estas razones, además del riesgo de incendio, diversas regulaciones internacionales y cubanas establecen que, en edificios multifamiliares, los generadores eléctricos deben instalarse en áreas abiertas o adecuadamente ventiladas, alejadas de puertas, ventanas y zonas habitadas.
Según la denunciante, tales medidas de seguridad no se han aplicado en este caso. De hecho, la periodista independiente ha mostrado abundante evidencia gráfica y audiovisual de esta situación. Incluso afirma que, a pesar de que varias instituciones estatales han reconocido irregularidades en la ubicación del equipo, la situación permanece sin solución efectiva.
En búsqueda de una solución, la madre de Yania Suárez, residente en la vivienda, se quejó ante las autoridades municipales del Partido Comunista de Cuba, donde, según relata, fue bien atendida. Expresaron su intención de ayudarla y tramitaron su queja a las instituciones que debían involucrarse en el conflicto, como Vivienda, el Ministerio del Interior y el gobierno municipal. Sin embargo, el funcionamiento de estas instituciones en Cuba suele ser deficiente, lento y con bajo nivel de efectividad. Los funcionarios e inspectores suelen personarse en el lugar de los hechos, completar formularios, pero no proporcionar respuestas ni soluciones a los casos.
Como resultado de las gestiones, las autoridades sanitarias llegaron a cursar varias multas a la propietaria del generador. Cabe resaltar el buen desempeño de la vicedirectora de Higiene y Epidemiología de La Habana, Rosa Ledesma, quien se personó varias veces en el edificio y resolvió amonestar a la vecina infractora. Además, la Dirección de Vivienda habría reconocido que la instalación del equipo en un garaje de un edificio multifamiliar viola el reglamento correspondiente.
FOTO: el hueco de la chimenea del Grupo Electrógeno de 15 KW debajo de mi balcón. Por el costado, por las celosías del garaje también sale humo que sube.
19 de abril de 2023
La consolidación de un patrón de vulneración de derechos agravado en personas y familiares de disidentes políticos.
Pese a estas acciones, el equipo continúa funcionando en el mismo lugar y causando el mismo daño ambiental. Como resultado de ello, el conflicto escaló derivando en amenazas e insultos verbales por parte de la familia infractora, llegando a quitar la llave del garaje para bloquear el acceso al mismo. Fue entonces que la periodista decidió llevar el caso ante otras instancias, con la esperanza de que se hiciera cumplir la normativa existente, además de solicitar protección. Recurrió al Ministerio del Interior y la fiscalía militar, instituciones que no solo las dejaron desprotegidas, sino que favorecieron a la infractora. Uno de los responsables de este accionar fue el Jefe de Sector de Miramar, el Mayor Julio, con chapa 06036.
Recientemente, la situación se ha deteriorado progresivamente y ha derivado en enfrentamientos verbales y amenazas de parte de las personas infractoras. La periodista asegura que algunos de estos conflictos han adquirido incluso un carácter político, luego de que vecinos utilizaran su condición de periodista independiente para desacreditar sus reclamos.
En ese contexto de creciente tensión, Yania refiere que las discusiones con la vecina responsable del equipo derivaron en episodios de agresión verbal abierta, en medio de un ambiente que describe como extremadamente violento, “casi carcelario”. En incidentes previos, además, habría sido descalificada públicamente mediante alusiones políticas como “la pertenencia al proyecto San Isidro” o “ser parte de la disidencia”.
El episodio más reciente ocurrió cuando Suárez acudió a una estación policial para denunciar las amenazas de la vecina. Según relata, la policía no aceptó tramitar su denuncia y, en cambio, la mantuvo detenida durante aproximadamente doce horas en una unidad policial del municipio Playa. Tras el incidente, las autoridades le impusieron una medida cautelar de reclusión domiciliaria a la víctima denunciante, mientras continúa una investigación relacionada con el caso.
Reacciones en redes sociales revelan aumento de conflictividad vecinal y desprotección institucional
La publicación generó numerosas reacciones en redes sociales, donde usuarios expresaron preocupación por la situación y señalaron que conflictos similares se repiten en contextos de crisis energética y deterioro institucional. Algunos comentarios destacaron la vulnerabilidad de las personas adultas mayores ante este tipo de situaciones. La directora del Observatorio de Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido60 afirmó que el caso podría considerarse un ejemplo de maltrato institucional hacia una persona mayor con una condición médica crónica.
Otros usuarios señalaron que los conflictos vecinales vinculados al uso de generadores eléctricos se han vuelto cada vez más frecuentes en Cuba, en un contexto de apagones prolongados y ausencia de regulaciones claras sobre la instalación de estos equipos en edificios residenciales. La proliferación de generadores privados (llamados popularmente “plantas”) se ha convertido en una respuesta común a los apagones recurrentes en diversas ciudades del país como alternativa a la grave crisis energética que atraviesa el país.
En su publicación, la periodista responsabiliza tanto a la vecina propietaria del generador como a las autoridades que, según afirma, han permitido que la situación continúe sin solución. Asimismo, expresa temor por la seguridad de su madre, de sus animales domésticos y de ella misma. En este sentido, sostiene que continuará defendiendo lo que considera sus derechos como ciudadana y agradeció el apoyo recibido por parte de amigos y usuarios de redes sociales.
Violaciones de derechos e implicaciones éticas
El caso denunciado por Yania Suárez presenta elementos que permiten observar un patrón que ya ha sido documentado por organizaciones de la sociedad civil que monitorean la situación de las personas mayores en Cuba. Desde Cuido60 en particular, hemos señalado en la Nota de Prensa No. 21 que existe un patrón de hostigamiento y vulneración institucional dirigido contra familiares —especialmente madres y personas mayores— de ciudadanos considerados disidentes o críticos del gobierno. En esa nota, se demuestra cómo las autoridades y actores locales pueden tolerar, permitir o incluso facilitar situaciones de presión, indefensión o violencia simbólica contra estas personas, en un contexto donde los mecanismos institucionales de protección no funcionan de manera efectiva.
Al comparar ese patrón con el caso expuesto, se observan similitudes relevantes, haciéndose notable una dinámica de desprotección institucional hacia las víctimas y favoritismo hacia los infractores, acompañada por episodios de intimidación, amenazas y desestimación de denuncias por parte de autoridades locales. Este tipo de dinámicas reproduce lo que desde Cuido60 se identifica como maltrato institucional indirecto hacia personas mayores, donde los conflictos cotidianos adquieren una dimensión política que agrava la indefensión de las víctimas. De este modo, el caso no solo evidencia un problema sanitario y comunitario, sino que también se inserta en un patrón más amplio de vulneración de derechos que afecta a personas mayores vinculadas a ciudadanos críticos del sistema político.
Desde la perspectiva de los estándares internacionales de derechos humanos, situaciones como las descritas en estos casos plantean preocupaciones serias en materia de protección de las personas mayores y del derecho a vivir en un entorno seguro y saludable. La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores establece que los Estados deben garantizar condiciones que preserven la salud, la integridad física y el bienestar de las personas mayores, así como prevenir situaciones de negligencia, abuso o exposición a riesgos ambientales evitables.
En el caso analizado, la exposición continuada a emisiones potencialmente tóxicas de una persona mayor con una enfermedad crónica respiratoria, combinada con la ausencia de respuestas institucionales efectivas, puede interpretarse como una forma de vulneración del derecho a la salud, a la seguridad personal y a un ambiente saludable, principios ampliamente reconocidos también por la Organización Mundial de la Salud y por el sistema interamericano de derechos humanos.
Desde el punto de vista del marco normativo cubano, existen igualmente principios que deberían ofrecer protección frente a situaciones de este tipo. La Constitución de la República de Cuba (2019) reconoce el derecho de todas las personas a la salud y establece una protección especial para las personas mayores, mientras que el Código de las Familias (2022) refuerza la obligación social e institucional de garantizar el cuidado, la dignidad y la integridad de las personas mayores. Asimismo, el Reglamento de Edificios Multifamiliares y otras normativas administrativas establecen reglas para el uso de áreas comunes y la prevención de actividades que puedan afectar la convivencia y la seguridad de los vecinos.
Cuando estos mecanismos institucionales no funcionan o no se aplican de manera efectiva, se produce una situación de indefensión jurídica y social, especialmente grave cuando involucra a personas en condiciones de mayor vulnerabilidad, ya sea por su edad o por condiciones de salud. Desde Cuido60 continuamos monitoreando la situación y reafirmamos nuestro compromiso con el respeto a los derechos de las personas mayores en medio del contexto represivo que se vive en el país en momentos de notable tensión política y social. Exigimos a las autoridades correspondientes, completar de manera urgente la investigación correspondiente del caso y solicitar el cese del funcionamiento del generador eléctrico, hasta tanto no sea instalado en condiciones que garanticen no provocar daños a la salud.
Fuentes jurídicas consultadas
Código de las Familias de Cuba (2022)
https://www.gacetaoficial.gob.cu/es/codigo-de-las-familias-de-la-republica-de-cuba
Constitución de la República de Cuba (2019)
https://www.gacetaoficial.gob.cu/sites/default/files/goc-2019-o5.pdf
Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores
https://www.oas.org/es/sla/ddi/tratados_multilaterales_interamericanos_A-70_derechos_humanos_personas_mayores.asp
Organización Mundial de la Salud – Envejecimiento y derechos de las personas mayores
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
Reglamento de Edificios Multifamiliares (normativa sobre uso de espacios comunes)
https://www.cubatramite.gob.cu/es/tramites/reglamento-edificios-multifamiliares