OBSERVATORIO DE ENVEJECIMIENTO,
CUIDADOS Y DERECHOS

Por: Mailyn Fernández Suris (1)

Abogada especializada en temas de familia

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La seguridad social y la asistencia social como pilares de la protección social

La seguridad social y la asistencia social son dos pilares distintos, aunque relacionados, de protección frente a la pobreza, la vejez, la discapacidad, la enfermedad, la maternidad, la pérdida de ingresos o la vulnerabilidad extrema. En Cuba, ambos sistemas existen formalmente y cuentan con respaldo constitucional y legal, pero operan dentro de un modelo estatal altamente centralizado, con capacidad financiera limitada, escasa transparencia, pensiones insuficientes y mecanismos de asistencia que no alcanzan a cubrir el deterioro real de las condiciones de vida.

La seguridad social cubana, a diferencia de muchos países que integran un sistema mixto, se basa en una lógica esencialmente contributiva: la persona recibe protección porque ha trabajado, cotizado o pertenece a un grupo legalmente protegido. Este modelo fue diseñado bajo la premisa de una alta incorporación al empleo estatal formal y de trayectorias laborales relativamente continuas. Sin embargo, la realidad actual es muy distinta: envejecimiento acelerado, emigración masiva de la población en edad laboral, expansión de las actividades informales y miles de personas que han dedicado años al cuidado de familiares sin generar cotizaciones suficientes. En estas condiciones, vincular toda la protección en la vejez exclusivamente al historial contributivo puede dejar sin cobertura adecuada a sectores vulnerables. 

El sistema está regulado fundamentalmente por la Ley No. 105 de Seguridad Social, pero su principal problema no es solo normativo, sino material: las pensiones han quedado desconectadas del costo real de la vida. Una pensión media cercana a los 2.000 o 2.500 CUP mensuales no permite cubrir alimentación, medicamentos, transporte, servicios básicos ni cuidados. Esto convierte a muchos jubilados en dependientes de remesas, redes familiares o economía informal.

La asistencia social, en cambio, está pensada para personas o familias que no pueden sostenerse por sí mismas y que no tienen ingresos suficientes, apoyo familiar efectivo o cobertura adecuada de la seguridad social. Su lógica no es contributiva, sino protectora.  

El problema central es que el sistema cubano reconoce derechos sociales en el plano formal, pero no garantiza condiciones reales de vida digna. Las leyes hablan de protección social, igualdad y asistencia a personas vulnerables, pero en la práctica el Estado ha trasladado cada vez más carga a las familias, incluso en un contexto de salarios bajos, migración masiva, envejecimiento poblacional y encarecimiento extremo de los cuidados. Y esto en Derecho se llama ineficacia normativa: la ley sigue presuponiendo trayectorias laborales estables y continuas, mientras una parte significativa de la población desarrolla vidas laborales y familiares que ya no encajan en los presupuestos sobre los que se construyó el sistema. 

En una etapa de transición, el cambio no debería consistir en desmontar la protección social. Hay que asumir que la seguridad social y la asistencia social no son gastos secundarios, sino garantías mínimas para evitar que el cambio político y económico produzca más pobreza, abandono o desigualdad. 

¿Qué debería cambiar?

Primero, habría que indexar pensiones y prestaciones al costo real de la vida. Estas prestaciones deben contar con mecanismos periódicos de actualización vinculados a indicadores objetivos de inflación, costo de la canasta básica o estándares mínimos de bienestar, de modo que no pierdan progresivamente su capacidad protectora.

Segundo, debe reformarse el sistema de cálculo de pensiones. La transición debe evitar que millones de jubilados queden atrapados entre una pensión heredada del viejo sistema y precios propios de una economía parcialmente liberalizada.

Tercero, la asistencia social debe dejar de ser residual y convertirse en un verdadero sistema de protección contra la pobreza para que cubra a quienes verdaderamente lo necesiten. 

Cuarto, la transición debe reconocer el problema del cuidado como una política pública central. Cuba es un país envejecido, con familias fragmentadas por la migración y con un mercado de cuidados cada vez más caro. Por eso se necesita una red mixta de cuidados: que incluya servicios públicos, privados, cooperativos, comunitarios y familiares, pero bajo regulación, supervisión, estándares mínimos y subsidios para quienes no puedan asumir los costos. 

Quinto, habría que separar claramente tres funciones: seguridad social, asistencia social y servicios de cuidado. Hoy muchas necesidades se mezclan: una pensión insuficiente obliga a pedir asistencia; la falta de asistencia obliga a depender de la familia; la ausencia de cuidados institucionales empuja a soluciones privadas carísimas. Una reforma seria debe ordenar el sistema y definir qué cubre cada mecanismo de protección.

Sexto, se debería avanzar hacia un verdadero sistema mixto de protección social que combine componentes contributivos y no contributivos. Por ello, una reforma integral debería contemplar una pensión básica garantizada, financiada mediante impuestos generales para aquellas personas mayores que carezcan de ingresos suficientes, complementada por prestaciones contributivas vinculadas a los años de trabajo y aportación al sistema. Este modelo permitiría combinar solidaridad y responsabilidad contributiva, evitando situaciones de pobreza extrema en la vejez y reconociendo actividades socialmente valiosas como los cuidados familiares no remunerados. 

Séptimo, resulta imprescindible diferenciar con claridad la seguridad social de la asistencia social. Aunque ambas forman parte del sistema general de protección social, responden a finalidades distintas y no deberían utilizarse indistintamente. La seguridad social debe proteger contingencias derivadas del ciclo vital y laboral, como la vejez, la invalidez, la maternidad o la pérdida del sostén económico familiar, mediante prestaciones estables y sujetas a reglas claras de acceso. La asistencia social, por su parte, debe orientarse a combatir situaciones de pobreza, exclusión o vulnerabilidad, independientemente de la existencia de cotizaciones previas. Cuando ambas funciones se confunden, la asistencia social termina corrigiendo las deficiencias de las pensiones de la seguridad social y deja de cumplir adecuadamente su función protectora. Una reforma moderna debería establecer marcos normativos, fuentes de financiamiento, instituciones gestoras y mecanismos de control diferenciados para cada sistema.

Octavo, debe diversificarse el financiamiento. El sistema no puede depender únicamente de un Estado fiscalmente quebrado. En transición habría que combinar aportes laborales, impuestos generales, contribuciones del sector privado, cooperación internacional, fondos especiales para adultos mayores y mecanismos de solidaridad territorial.

Noveno, debe garantizarse la exigibilidad jurídica de los derechos sociales. Deben existir vías administrativas y judiciales rápidas y efectivas para reclamar prestaciones denegadas, retrasadas o insuficientes. El reconocimiento formal del derecho carece de utilidad si no existen mecanismos reales para hacerlo efectivo.

Décimo, la reforma debe incorporar transparencia estadística. Cuba necesita publicar datos verificables sobre el número de pensionados, el monto real de las pensiones, los beneficiarios de asistencia social, el gasto público, la pobreza, la dependencia, la discapacidad, los hogares unipersonales, las residencias de cuidado, las listas de espera y las brechas territoriales. Sin información fiable no es posible diseñar políticas sociales responsables ni evaluar sus resultados.

Undécimo, debe garantizarse que las personas con derecho a prestaciones de seguridad social, especialmente a la pensión por edad, puedan percibirlas con independencia de su lugar de residencia. La emigración masiva de cubanos obliga a repensar un sistema que permita exportar prestaciones legítimamente adquiridas y reconocer la movilidad internacional de los beneficiarios.

Hacia una solución gradual, mixta y garantista

En una etapa de transición, la seguridad social y la asistencia social deberían reformarse bajo una idea básica: proteger a las personas mientras cambia el sistema político y económico. La transición debe evitar dos extremos: mantener intacto un modelo que ya no protege, o aplicar una liberalización rápida que abandone a jubilados, enfermos, personas dependientes y familias vulnerables. La solución debe ser gradual, mixta y garantista.

En síntesis, Cuba no necesita solo “más asistencia”, sino un nuevo pacto social. La seguridad social debe dejar de ser una pensión simbólica; la asistencia social debe dejar de ser una ayuda excepcional e insuficiente; y el cuidado debe dejar de recaer casi exclusivamente sobre familias empobrecidas. En una transición democrática, estos sistemas deben convertirse en garantías reales de dignidad, autonomía y protección frente a la pobreza.

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(1) Este texto, publicado con autorización de la autora, forma parte de su intervención en el III Foro de Diario de Cuba: Por la Cuba de mañana, celebrado en la ciudad de Madrid los días 1 y 2 de junio. Ha incluido algunas reflexiones adicionales.

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Imagen usada en la nota de prensa: Amor eterno. Por: Antonio Ruano, participante del concurso 'Mirar la Vejez' 2026.

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